La llegada de lluvias intensas obligará a modificar las actividades escolares en las sierras Norte y Nororiental de Puebla. La Secretaría de Educación Pública estatal confirmó que el próximo martes 17 de noviembre se suspenderán las clases presenciales en 62 municipios.

La disposición aplicará para todos los niveles educativos, debido al pronóstico de tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, ocasionados por un sistema de baja presión.

Para evitar afectaciones en el aprendizaje, las autoridades educativas indicaron que las actividades continuarán en modalidad a distancia, mediante materiales didácticos.

La suspensión contempla 38 municipios de la Sierra Norte, entre ellos Huauchinango, Xicotepec, Zacatlán, Chignahuapan, Pahuatlán y Tetela de Ocampo.

En la Sierra Nororiental serán 24 municipios, incluidos Teziutlán, Cuetzalan del Progreso, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Hueytamalco y Chignautla.

La SEP pidió a madres y padres de familia mantenerse pendientes de la información difundida por medios oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil para prevenir incidentes durante las condiciones climatológicas adversas.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla presentó su segundo informe de actividades, encabezado por su presidenta, Rosa Isela Sánchez Soya, quien destacó los avances y acciones institucionales para proteger la dignidad y las garantías de las y los poblanos.

Al evento asistió el gobernador Alejandro Armenta Mier, quien reconoció el trabajo del organismo y reiteró que su administración respetará plenamente su autonomía, atribuciones y facultad para emitir recomendaciones a las instituciones públicas.

El mandatario señaló que existe disposición para atender las observaciones de la Comisión y fortalecer la coordinación institucional en temas relacionados con la defensa de los derechos sociales, la libertad de expresión y la inclusión de los pueblos originarios.

También instruyó a la Secretaría de Gobernación y a la Coordinación de Gabinete a dar seguimiento a las observaciones realizadas en centros de atención para personas en situación de vulnerabilidad, así como en centros penitenciarios, particularmente el de Ciudad Serdán.

Durante su informe, Rosa Isela Sánchez Soya resaltó que el trabajo de la Comisión se ha enfocado en prevenir vulneraciones a los derechos humanos, sensibilizar a las autoridades, escuchar las demandas ciudadanas y contribuir a la reparación integral de los derechos afectados.

Con estas acciones, el Gobierno estatal y la Comisión buscan fortalecer la cultura de los derechos humanos y promover condiciones de justicia, inclusión y bienestar para la población de los 217 municipios de Puebla.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, convocó a Antorcha Campesina a instalar mesas de trabajo en la entidad para atender sus demandas, al reiterar que su administración mantiene apertura al diálogo con todas las organizaciones sociales.

El mandatario señaló que las manifestaciones pacíficas son un derecho que debe respetarse; sin embargo, pidió evitar acciones que perjudiquen a terceros, especialmente a personas que necesitan trasladarse a sus centros de trabajo, recibir atención médica o llegar a sus destinos.

Indicó que durante las movilizaciones recientes hubo representantes de la Secretaría de Gobernación disponibles para escuchar los planteamientos, por lo que propuso dar seguimiento a las inconformidades mediante reuniones con las secretarías de Gobernación, Movilidad y Transporte y Seguridad Pública.

Por otra parte, Armenta Mier aseguró que su administración trabaja para fortalecer la seguridad y preservar la paz social mediante la coordinación con el Gobierno de México y las instituciones de los tres órdenes de gobierno.

Entre las medidas implementadas mencionó el uso de helicópteros y drones para ampliar la vigilancia en distintas regiones de Puebla, así como las reuniones diarias de la Mesa de Paz.

También se refirió a las inconformidades relacionadas con el sistema penitenciario, donde se instaló una mesa de atención con autoridades estatales y federales para revisar las demandas de los familiares de personas privadas de la libertad y garantizar sus derechos humanos.

El gobernador reiteró que la estrategia estatal busca mantener el orden público, atender las demandas sociales y fortalecer las instituciones de seguridad, sin vulnerar el derecho a la libre manifestación.