Presentan antecedentes de 27 años sobre presuntas irregularidades en contrataciones electorales

Una revisión de antecedentes empresariales que abarca 27 años fue presentada por el Gobierno de Puebla en relación con las investigaciones sobre una presunta red de corrupción vinculada con contrataciones de materiales y servicios electorales.

El coordinador general de Gabinete, José Luis García Parra, expuso la información en representación del gobernador Alejandro Armenta Mier y manifestó el respaldo de la administración estatal a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para esclarecer los posibles actos de corrupción.

De acuerdo con los datos presentados, se identificaron al menos seis empresas relacionadas con una red de contrataciones que habría acumulado aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos. Los antecedentes incluyen operaciones en el Estado de México desde 1999, un contrato de 63.7 millones de pesos en 2005 y adjudicaciones posteriores en diferentes entidades.

El funcionario también explicó que Guadalupe Taddei fue designada consejera electoral en Sonora en 2014 por el Consejo General del entonces Instituto Nacional Electoral, encabezado por Lorenzo Córdova, y que en 2023 asumió la presidencia del organismo nacional mediante un proceso de insaculación.

Por otra parte, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que las indagatorias comenzaron con una revisión de fuentes abiertas y que la Unidad de Inteligencia Financiera inició acciones para inmovilizar algunas cuentas, derivado de denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación.

En cuanto a Puebla, García Parra detalló que las contrataciones identificadas ascienden a 49.4 millones de pesos en el periodo de 2014 a 2023 y a 129.7 millones durante 2024 y 2025. Estos montos serán puestos a revisión de las autoridades correspondientes.

Finalmente, el Gobierno estatal manifestó que promoverá la transparencia de los contratos del IEE y mantendrá su colaboración con las instancias encargadas de investigar posibles irregularidades, con el objetivo de fortalecer la legalidad y la certeza democrática rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2027.